La gran huelga general by Sergio Gálvez Biesca

autor:Sergio Gálvez Biesca [Gálvez Biesca, Sergio]
La lengua: spa
Format: epub
Tags: Referencia, Historia
editor: ePubLibre
publicado: 2017-12-04T05:00:00+00:00

[…] asegurar el mantenimiento de la radiodifusión y televisión públicas, servicio público cuya titularidad corresponde al Estado, entendiendo por tales los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes constitucionales protegidos, como son, entre otros, la información, la educación y la cultura.

Dos días antes del 14D, la dirección de RTVE envío más de 2000 telegramas —que suponemos tuvieron que tener un considerable coste económico para la entidad— exigiendo a los trabajadores que permanecieran en sus puestos de trabajo para garantizar los servicios mínimos. Unos servicios mínimos que los representantes sindicales rechazaron por ser «supermáximos y abusivos». La estrategia de la socialización del miedo se hizo presente entre los trabajadores[45]. La situación llegó a tal extremo que Antonio Gutiérrez y Poli asistieron a una de las últimas asambleas en los centros de RTVE para explicar las razones de la HG.

De similar forma se procedió con el RD 1481/1988 relativo al BOE —dependiente por entonces (antes de convertirse en una Agencia Estatal) del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno en manos de Virgilio Zapatero Gómez—. El BOE fue considerado como «servicio esencial de la Comunidad». Había que garantizar la «seguridad jurídica, fundamental del Estado de Derecho». El primer párrafo fue del todo aclaratorio: «La Constitución garantiza en su artículo 9.3. el principio de publicidad de las normas, sin cuya efectividad a través del “Boletín Oficial del Estado” […] no adquieren efectos jurídicos las Leyes, Decretos y disposiciones administrativas».

Pero si hay un RD que expresa una actitud de fuerza y que puede ser considerada como plenamente abusivo fue el de Administraciones Públicas. Una vez más los nombres de Almunia y de Teófilo Serrano han de destacarse. La memoria de lo sucedido en los paros de finales de noviembre estaba harto presente. En este caso, comencemos por lo que no se puede localizar en el RD 1479/1981. El domingo 11 informaba El País del comunicado enviado hacía unos días por Serrano a los Gobernadores Civiles. Con el objetivo de que garantizarán el cumplimiento de todas las medidas que se dictarán en relación con la «identificación personal de los funcionarios que se sumen al paro», «descuentos salariales a los mismos», «información puntual del tanto por ciento de la plantilla que secunde la huelga», «mantenimiento de la prestación de servicios». Asimismo, se dieron instrucciones para la elaboración de lo que bien puede denominarse —sin metáforas— una lista negra que hasta el propio Redondo calificó como práctica propia de una «dictadura». Se solicitó a los Gobernadores Civiles que pasarán «tres listas volantes durante el tiempo de duración de cada paro, cuidando de que quede constancia fehaciente de la hora en que paró cada uno y del funcionario encargado al efecto». De la misma forma, se exigió —hasta ahí se llegó— que en esa especie de black list se señalara si el funcionario había sido elegido «por libre designación». Lo que implicaría su inmediata destitución.

A todo esto, no fue el Ministerio de Administraciones Públicas el único. No faltaron otras tantas listas: Educación, Presidencia, Economía o Hacienda[46].

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