Iglesia S.A. by Ángel Munárriz

autor:Ángel Munárriz [Munárriz, Ángel]
La lengua: spa
Format: epub
editor: AKAL
publicado: 2019-02-24T23:00:00+00:00

Más por viejo que por diablo

«No codiciarás los bienes ajenos» (décimo mandamiento)

Las inmatriculaciones son una muestra de desconsideración eclesial hacia lo público, a pesar de que la Iglesia vive de lo público. Una averiguación de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, que Jesús de Larrainzar anota en No robarás, lo demuestra embarazosamente: «Allá donde un señor particular, o una familia rica, es patrono de una iglesia [como en los señoríos de Bariain, Oriz, Gerendian, Etxalaz, Iriberri o Sarria], vemos que sus iglesias no han sido inmatriculadas por la diócesis»[34]. Si los liberales han sido harto respetuosos con los privilegios de la Iglesia, la Iglesia ha respondido a la cortesía con un respeto aún mayor por la propiedad privada, sobre todo cuando corresponde a la alta burguesía o la aristocracia. Su negocio está en lo público. Otro rasgo característico de las inmatriculaciones, aparte del desprecio por lo común, es la opacidad. Quizá porque el frenesí inmatriculador es prueba de avaricia, pecado capital, la Iglesia ha obrado con una discreción que ha rozado la clandestinidad. Las inscripciones se realizaban sin publicidad alguna en base a papeles que se limitaban a reseñar: «Por documentos que constan en esta diócesis». ¡Y ni siquiera había que mostrar tales documentos! «Desde tiempo inmemorial», señalaban también los obispos. Otra fórmula más: «Por prescripción adquisitiva». Meros formulismos para ocultar la falta de tramitación y justificación. La Iglesia ha ganado, ha vencido sin convencer, porque ha sido más rápida, más lista y más diligente que el Estado. Seguramente porque la Iglesia ha sido Estado, y no al revés, y porque más sabe el diablo por viejo que por diablo. En Artajona, como en tantos ayuntamientos, primero de Navarra y luego del resto de España, los alcaldes se enteraron de la inmatriculación de los bienes del pueblo cuando ya estaba hecha y era irreversible. ¿No parece acaso cosa del diablo?

Todos los factores componen una ecuación moral difícil de resolver para la Iglesia, que no puede apelar a razones éticas para legitimar su posición. Situémonos en la hipótesis más favorable a los obispos: sin mala intención ni ánimo subrepticio, desde 1946 habrían estado inmatriculando durante décadas bienes sin registrar en base a una legislación franquista, incluidas dos décadas de democracia (1978-1998), hasta que Aznar, por corregir una injusticia, había eliminado además la limitación de registrar catedrales e iglesias. Las diócesis actuaron con sigilo no por miedo a ser descubiertas, sino por el inocente convencimiento de que no hacían nada malo.

¿Es esto verosímil?

Desde mi punto de vista, no. Esta subversión de las nociones básicas del derecho de propiedad, aberrante desde el punto de vista de la seguridad jurídica, presenta las trazas de una maniobra coordinada a gran escala que desmiente el mito de la tantas veces mentada descentralización de la Iglesia. Los inmatriculadores han fomentado la confusión en torno a la idea de «parroquiano», que en tiempos pretéritos significó «vecino». Se ha hecho con miles y miles de bienes, en Navarra y el resto de España, con un coste mínimo, dejando a las autoridades con la única obligación de pagar el mantenimiento.

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