La Casta by Montero Bejerano Daniel

autor:Montero Bejerano, Daniel [Montero Bejerano, Daniel]
La lengua: spa
Format: epub
ISBN: 9788497348850
editor: La Esfera de los Libros, S.L.
publicado: 2009-10-19T16:00:00+00:00

Me lo enseñaron mis padres

Prácticamente todos los códigos de conducta firmados por los políticos españoles recogen la necesidad de que los cargos electos se abstengan de hacer ostentación con el dinero público. Y prácticamente todos se incumplen de forma sistemática.

Ya es complicado hacer que los miembros de la Casta acaten las leyes, que en ocasiones cambian a su antojo, pero todavía lo es más cuando se trata de cuestiones morales. Cuando las buenas palabras se tienen que manifestar en hechos que afectan a su bolsillo o a su posición de privilegio, se quedan siempre en eso: buenas palabras. Papel mojado que deja perplejos a los votantes pero impasibles a los profesionales de la política.

El 3 de abril de 2009 los partidos con representación en la Asamblea de Extremadura consensuaron los primeros quince puntos de lo que sería su código de buenas prácticas políticas. El documento, nacido a la luz del aprobado un año antes por el gobierno del PSOE, es el segundo de este tipo en España, e intenta poner coto con un código de conducta moral a los salarios de los cargos públicos, al uso de la publicidad institucional o al empleo de coches oficiales. Sólo Galicia cuenta con un documento semejante. Llama la atención que, pese a que la cámara tiene posibilidad de legislar, regule los derechos y deberes de los políticos locales por medio de un compromiso ético. Cierto es que el gobierno autonómico no puede interferir en la capacidad de los ayuntamientos y diputaciones para fijar sus propios gastos o sueldos, pero también lo es que de esta forma los miembros de la Casta que se salten el código —como pasa constantemente— no podrán ser perseguidos por la ley. Y lo mismo pasa con los códigos deontológicos aprobados por el Gobierno o los ayuntamientos. Los jueces no pueden castigar a los políticos infractores, ya que estos documentos recogen únicamente recomendaciones sin carácter vinculante. Si un alcalde se pone un sueldo superior al recomendado, no pasa nada. Si un ayuntamiento compra a los medios afines con publicidad institucional, no pasa nada. Si un consejero compra un coche suntuoso con dinero público en época de crisis, tampoco pasa nada. Así que para eso sirven los códigos de buen gobierno: para nada.

El código de buenas prácticas aprobado por la Junta de Extremadura establece que los miembros electos y altos cargos autonómicos cambien de coche como mucho cada 300.000 kilómetros. Y que el precio del vehículo no supere los 30.000 euros en el caso del presidente de la Junta y sus consejeros, o de los 18.000 para el resto de los altos cargos. Así queda claro que el coche se convierte únicamente en una cuestión de estatus. Una diferencia más entre los miembros de la Casta. ¿O acaso los subalternos tienen menos derecho a viajar seguros que los consejeros? Si el coche responde a una necesidad real, ¿no sería más lógico que todos viajaran en vehículos de la misma clase? Si el vehículo cumple las necesidades de los asesores, se supone que cumplirá también las necesidades de sus jefes.

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