La invasión pacífica by Sasha D. Pack

autor:Sasha D. Pack
La lengua: eng
Format: epub
editor: Turner
publicado: 2006-11-15T00:00:00+00:00

Según el ministerio, la política del laissez-faire había permitido que se desarrollaran ciudades turísticas de pobrísima calidad. Muchas de las nuevas instalaciones de saneamiento y hoteleras resultaban inaceptables y “el peculiar carácter agrícola y pesquero de dichas pequeñas poblaciones” a lo largo de toda la Costa Brava había dado paso a una “babel de construcciones turísticas, que ha borrado totalmente el carácter de la población”. La ley, por tanto, “no trata únicamente de obtener un máximo beneficio económico, sino que la actuación del Estado ha de plantearse la resolución de problemas sociales, políticos y éticos [...] Así, la defensa de los atractivos y bellezas naturales, la expansión de la demanda turística hacia zonas potencialmente favorecidas, la utilización del sector turístico como factor importante propulsor de un desarrollo regional, etc.”.

Por fin, la propuesta destacaba que los problemas a los que hacía referencia no eran específicos de España –la Costa Azul estaba experimentando problemas similares–, pero “creemos, sin pecar de presunción, que también en este aspecto podemos ser adelantados con relación al resto de los países 35 ”.

El principal argumento a favor de la gestión nacional del urbanismo era que los ayuntamientos no tenían poder por sí mismos para combatir la especulación y el desarrollo salvaje. Muchos carecían de ordenanzas municipales sobre la construcción y el uso del suelo, y a veces incluso ellos mismos incurrían en actos de especulación, “ya que solo se atiende a resultados económicos a corto plazo, prescindiendo de otros valores estéticos”. El Ministerio de Información y Turismo apelaba a un sistema en el que los ayuntamientos o los promotores privados solicitaran la calificación de centro o zona turística y no que se designara desde Madrid, como establecían los primeros borradores de la ley. El que se les concediera la calificación dependería de la concentración de servicios turísticos y la adecuación de los servicios municipales. Esos lugares designados “zonas y centros de interés turístico nacional” recibirían ventajas fiscales, una considerable reducción de los aranceles sobre los productos importados como el vino; tendrían preferencia para que se les concediera financiación estatal y no pagarían intereses durante los cinco primeros años. Además, las industrias “antiturísticas” en zonas turísticas estarían sujetas a unos rígidos requisitos de seguridad, limpieza y ausencia de ruidos. En compensación, los ayuntamientos participantes se someterían a una regulación más severa sobre todos los aspectos del desarrollo urbano y una rigurosa inspección de sus servicios turísticos.

El que el ministerio de Fraga reclamara el dominio exclusivo y global sobre las zonas turísticas levantó las suspicacias de los otros ministros, que consideraban la ley una amenaza a su autoridad jurisdiccional y no estaban dispuestos a ceder tanta autoridad a un único ministerio. Pero Fraga se beneficiaba del empuje que le procuraba la preferencia cada vez mayor que el régimen manifestaba hacia el desarrollismo de iniciativa estatal. El turismo de masas había adquirido una velocidad considerable y, visto el persistente déficit comercial del país, se había convertido en imprescindible. La versión inicial del proyecto de ley era, pues, ambiciosa, y le

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