La independencia by AA. VV

autor:AA. VV. [AA. VV.]
La lengua: spa
Format: epub
Tags: Referencia, Historia
editor: ePubLibre
publicado: 1984-12-31T16:00:00+00:00

Divisiones políticas de la isla, 1822-1844

Entretanto, los antiguos esclavos que quisieron emanciparse de sus amos no tuvieron más salida que incorporarse a las filas del ejército haitiano, a cuyo efecto se creó el llamado Batallón 32, que constituyó la principal fuerza militar encargada de la seguridad de la parte oriental.

Para resolver la cuestión de qué tierras de la parte española debían pertenecer al Estado para distribuirlas entre los antiguos esclavos, en junio de 1822 Boyer nombró una comisión especial. Ésta en octubre comunicó que pertenecían al Estado:

1. las propiedades pertenecientes a la corona española;

2. las propiedades de los conventos, esto es, las casas, hatos, animales, haciendas y solares que tuvieran;

3. los edificios y dependencias de los hospitales eclesiásticos con las propiedades pertenecientes a ellos;

4. los bienes de los franceses secuestrados por el gobierno español que no habían sido devueltos a sus dueños;

5. los bienes de las personas que cooperaron en la campaña de Samaná de 1808 y que emigraron en la escuadra francesa;

6. todos los censos y capellanías eclesiásticas que habían caducado por el paso del tiempo, o habían pasado a manos de la tesorería de la archidiócesis;

7. las tierras hipotecadas en beneficio de la catedral.

Boyer sometió el informe a la consideración de la cámara de diputados y del senado que lo aprobaron el 7 de noviembre de 1822. El comandante y gobernador de Santo Domingo, el general Borgellá, lo interpretó como si el proyecto hubiera adquirido fuerza de ley y entonces se dedicó a confiscar propiedades que aparentemente pertenecían a la Iglesia, pero que estaban en manos de particulares desde finales del siglo XVIII. Estos propietarios fueron despojados de sus posesiones por el gobernador haitiano para dárselas a los esclavos recientemente liberados, para venderlas a precios bajos a sus propios amigos, o para entregarlas a los militares, oficiales y funcionarios haitianos.

Para calmar la inquietud de los afectados, el 22 de enero de 1823 Boyer nombró una nueva comisión para estudiar el problema y resolver las reclamaciones de los habitantes del este cuyas propiedades habían caído en poder del Estado. Esta comisión tenía ante sí un problema gigantesco y delicado, ya que desde hacía 25 años —desde el abandono de la isla del arzobispo y las órdenes religiosas a raíz del tratado de Basilea— había una confusa situación respecto al estado de los bienes y propiedades eclesiásticos. Durante estos años, muchos dominicanos ocuparon estas tierras y edificios con el consentimiento de las autoridades civiles, y el régimen español de tenencia de tierra confería el derecho de propiedad a las ocupaciones que tenían más de veinte años.

En un nuevo intento de aclarar la situación, el 8 de febrero de 1823 Boyer expidió un decreto otorgando un plazo de cuatro meses a los propietarios residentes en la parte española que habían emigrado antes del 9 de febrero de 1822, para que pudieran regresar al país a reclamar sus bienes, exceptuando a los colaboradores de la conspiración francesa de Samaná. Los militares encargados del gobierno de la parte oriental tenían órdenes de confiscar las propiedades de los dominicanos que no hicieran uso del permiso de regresar al país.

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